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Ley de Turberas: la evidencia científica al servicio de las políticas públicas

marzo 12, 2024


photo_camera Turba de Tetroncium magellanicum en Lago Vargas, Región de Aysén; Miresofchile

“En posición de pasar al Ejecutivo a fase de promulgación” quedó el proyecto de Ley sobre Protección Ambiental de Turberas, también conocida como “Ley Pompón”, la cual protege y promueve la conservación de las turberas. La iniciativa, iniciada en moción en agosto de 2018 en el Senado, tiene como intención principal reconocer estos ecosistemas de la intervención humana.

Pero ¿qué son las turberas y por qué son importantes? Las turberas son ecosistemas reconocidos mundialmente por actuar como grandes reservorios de agua dulce, afectando el clima y la hidrología local. Son sumideros de carbono y albergan especies únicas de anfibios, aves y plantas. Por ejemplo, la vegetación de las turberas es dominada por plantas que crecen a ras de suelo formando densas poblaciones, en especial musgos del género Sphagnum o plantas vasculares de la familia de las Ciperáceas o Juncáceas (vease Floristic and hydrological characterization of Chiloé Island peatlands, Chile)

Chile, junto a Argentina, son los países donde están más representados están estos humedales en el hemisferio sur (se estima que abarcan una superficie de varios millones de hectáreas entre la región de Los Lagos y Magallanes). Sin embargo, estos ecosistemas son muy vulnerables a las especies exóticas (castores) y la intervención humana: la extracción del musgo Sphagnum es utilizado como sustrato de fertilizante en el cultivo de hortalizas y flores, siendo frecuente su alta exportación a países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur e incluso Taiwán.

Es por ello que, el Ministerio de Medio Ambiente junto al Congreso, ha venido trabajando desde hace seis años en su identificación y puesta en valor de estos ecosistemas. Sin embargo, fue la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien propuso la creación de un Comité Científico para asesorar esta instancia, ya que la propuesta de ley emanada por la Cámara de Diputados fue rechazada tres veces por el Senado, dejando la definición del contenido del proyecto a una Comisión Mixta que tenía el objetivo de resolver las diferencias surgidas entre ambas Cámaras.

Este comité fue conformado por la abogada Verónica Delgado como también por la comunidad científica como Carolina León; Jorge Pérez; Roy Mackenzie, María Paz Martínez, y Pablo Marquet, quienes tuvieron la labor de acompañar parte la tramitación del proyecto. Fue precisamente gracias al trabajo del Comité, que los legisladores de la Comisión Mixta pudieron alcanzar acuerdos que permitieron al fin dar la luz al proyecto el 5 de marzo.

Profesor Pablo Marquet como científico asesor

“Este proyecto es importante en varias dimensiones. Por un lado, se prohíbe la extracción de turba en todo el territorio nacional y se adopta una visión ecosistémica para proteger y regular el manejo sustentable de la cubierta vegetal de las turberas con Sphagnum magellanicum, consagrando la necesidad de contar con un plan de manejo para tal efecto. Por otro, se sientan las bases para la conservación y restauración de estos ecosistemas reconociendo su importancia en la mitigación y adaptación al cambio climático, y las múltiples contribuciones que generan para las personas y el resto de la biodiversidad”, asegura el académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Pablo Marquet.

Créditos fotografía: Recientemente el profesor Pablo Marquet, investigador de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas UC, fue distinguido como miembro de la “Earth Comission” o Comisión de la Tierra con sede en Estocolmo por su destacada trayectoria científica.

El profesor y quien lideró este comité, elaboró un informe donde se analizaron las propuestas en materia de protección de turberas emanadas tanto del Ministerio del Medio Ambiente como también del Congreso. Dicho documento sentó las bases para que luego los legisladores de la Comisión Mixta pudieran alcanzar importantes acuerdos.

“Finalmente, y lo que no es menor, este fue un trabajo apoyado por un comité científico que acompañó parte del proceso colocando la evidencia científica al servicio de las políticas públicas, sentando así un precedente digno de replicar en futuros proyectos”, agregó el científico FCB.

Con este proyecto en camino, queda demostrado que la investigación científica puede y debe aportar a las políticas públicas para proteger nuestro medioambiente.



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